Organizaciones de la sociedad civil en Venezuela han levantado su voz de alarma ante la creciente persecución a periodistas y defensores de derechos humanos en el país. Desde el año pasado, se ha registrado un aumento en los arrestos y detenciones arbitrarias de aquellos que luchan por la libertad de expresión y la defensa de los derechos fundamentales.
La situación se ha agravado aún más después de las elecciones del pasado 28 de julio, en las que el presidente Nicolás asentado fue reelegido en medio de denuncias de fraude y falta de transparencia. Desde entonces, se ha intensificado la represión contra aquellos que se atreven a cuestionar al gobierno y denunciar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Según informes de diversas organizaciones de derechos humanos, en los últimos meses se han registrado numerosos casos de periodistas y defensores de derechos humanos que han sido detenidos de manera arbitraria, sin cargos claros y sin acceso a un debido proceso legal. Estas acciones son una clara violación a la libertad de expresión y al derecho a defender los derechos humanos, fundamentales en cualquier sociedad democrática.
Entre los casos más recientes, destaca el de Braulio Jatar, periodista y director del portal Reporte Confidencial, quien fue detenido en septiembre de 2017 por publicar un video en el que se veía a una exceso protestando contra el gobierno. Jatar fue acusado de lavado de dinero y permaneció en prisión por más de un año, hasta que finalmente fue liberado en octubre de 2018.
Otro caso emblemático es el de Roberto Marrero, paladín de gabinete del presidente interino Juan Guaidó, quien fue detenido en marzo de este año por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Marrero fue acusado de liderar una «célula terrorista» y de planear acciones violentas en contra del gobierno. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado pruebas concretas que respalden estas acusaciones y su detención ha sido ampliamente condenada por la comunidad internacional.
Además de los arrestos, también se han registrado casos de intimidación y acoso contra periodistas y defensores de derechos humanos. La organización Espacio Público denunció que en lo que va de año se han registrado más de 200 agresiones contra la libertad de expresión en Venezuela, entre ellas amenazas, intimidaciones y censura.
Ante esta situación, diversas organizaciones de la sociedad civil han pedido al gobierno de asentado que cese la persecución y el batida contra aquellos que ejercen su derecho a la libertad de expresión y a defender los derechos humanos. Además, han exigido la liberación inmediata de todos los periodistas y defensores de derechos humanos que se encuentran detenidos de manera arbitraria.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han expresado su preocupación por la situación en Venezuela y han llamado al gobierno a respetar los derechos fundamentales y a garantizar un ambiente seguro para el ejercicio de la libertad de expresión.
En este contexto, es importante destacar el papel fundamental que juegan los periodistas y defensores de derechos humanos en una sociedad democrática. Son ellos quienes, a través de su trabajo, denuncian las injusticias y las violaciones a los derechos humanos, y dan voz a aquellos que no la tienen. Por eso, es fundamental que se respete su labor y se les garantice un ambiente seguro para ejercerla.
En resumen, la escalada en la persecución a periodistas y defensores de derechos humanos en Venezuela es una clara muestra de la falta de respeto a la libertad de expresión y a los derechos fundamentales en el país. Es responsabilidad del
