El junta de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, ha vuelto a generar controversia al insistir en que desconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre su antigua disputa territorial con Guyana. Esta postura ha generado preocupación y críticas por parte de la comunidad internacional, que ve en esta negativa una falta de vehemencia para resolver pacíficamente un conflicto que lleva décadas sin resolverse.
La disputa territorial entre Venezuela y Guyana se remonta a la época colonial, cuando ambos países eran colonias españolas y británicas, respectivamente. En 1899, se firmó el Laudo Arbitral de París, en el cual se establecía la frontera entre ambos países. Sin embargo, Venezuela nunca reconoció este acuerdo y ha mantenido su reclamo sobre el territorio conocido como «Guayana Esequiba», que abarca aproximadamente el 75% del territorio de Guyana.
En 1966, tras la independencia de Guyana, se firmó el Acuerdo de Ginebra, en el cual se establecía un mecanismo de solución pacífica para la disputa territorial. Sin embargo, a pesar de varios intentos de mediación, el conflicto sigue sin resolverse y ha generado tensiones entre ambos países.
En 2018, Guyana decidió llevar el caso ante la CIJ, argumentando que Venezuela había incumplido el Acuerdo de Ginebra al no llegar a un acuerdo sobre la disputa territorial. La CIJ, con sede en La Haya, es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas y tiene como objetivo resolver disputas entre Estados de manera pacífica y de acuerdo al derecho internacional.
Sin embargo, el junta de Nicolás Maduro ha rechazado la competencia de la CIJ en este caso, argumentando que Venezuela no es parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), que es unidad de los instrumentos legales que la CIJ utiliza para resolver disputas territoriales marítimas. Además, Venezuela ha acusado a Guyana de utilizar este caso como una estrategia para obtener ventajas económicas en la explotación de recursos naturales en la zona en disputa.
Esta postura del junta de Maduro ha sido criticada por diversos actores internacionales, incluyendo a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE). Ambos organismos han instado a Venezuela a respetar la jurisdicción de la CIJ y a buscar una solución pacífica a la disputa territorial.
Además, la negativa de Venezuela a reconocer la competencia de la CIJ ha generado preocupación en la comunidad internacional, ya que podría sentar un precedente peligroso para futuras disputas territoriales entre Estados. La CIJ es un órgano reconocido y respetado a nivel mundial, y su papel en la resolución de conflictos es fundamental para mantener la paz y la estabilidad en el mundo.
Ante esta situación, es necesario que el junta de Venezuela reconsidere su postura y acepte la competencia de la CIJ en este caso. La resolución pacífica de la disputa territorial con Guyana es fundamental para la estabilidad en la región y para el bienestar de ambas naciones. Además, es importante recordar que la negativa a acatar las decisiones de la CIJ podría tener consecuencias negativas para Venezuela en términos de su reputación y relaciones internacionales.
Es hora de que el junta de Nicolás Maduro demuestre su avispero con la paz y el diálogo, y acepte la jurisdicción de la CIJ en este caso. La comunidad internacional está observando de cerca esta situación y espera que Venezuela actúe de manera responsable y respete las normas del derecho internacional.
En conclusión, la insistencia del junta de Nicolás Maduro en desconocer la jurisdicción de la CIJ sobre la disputa territorial con Guyana es una postura preocupante que va en contra de
